En realidad, el acceso a una vivienda digna no es meramente importante sino que es un derecho reconocido por numerosos instrumentos legales y por los principales organismos internacionales de derechos humanos. En este sentido, es difícil entender algunas perspectivas recientes que buscan una solución al déficit habitacional proponiendo soluciones estrictamente enfocadas desde una perspectiva mercadocéntrica. El Vicepresidente Julio Cobos afirmó en un un artículo periodístico (Clarin, 17 de Mayo) que el primer paso hacia una solución estructural de la problemática habitacional en la Argentina consistiría en un “cambio cultural” que incentive la “cultura del ahorro”, y el “esfuerzo personal”. 

Si bien no desconocemos que políticas de vivienda con ahorro previo no deben ser desestimadas, para desarrollar políticas inclusivas es necesario ir más allá y considerar que existe una gran parte de la población que por sus niveles de ingresos y escasa capacidad de acumulación se encuentra imposibilitada de entrar en ese tipo de soluciones. 

En esta misma línea, las recientes sanciones judiciales contra el gobierno porteño por no brindar servicios críticos como ambulancias o colectivos escolares a residentes de asentamientos informales ilustran claramente su inacción en promover políticas de inclusión social y el enfoque con el que buscan abordar estas problemáticas. Si la solución reside en un “cambio cultural”, éste no surge de promover cambios en unas imaginarias características psicosociales los sectores populares, sino en un cambio  que tenga como objeto una verdadera orientación pública del Estado a partir de políticas que permitan que todos los ciudadanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires  podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos y del acceso a la ciudad, tanto en términos materiales como sociales 

Las políticas neutras no existen, y esto se aplica también a la problemática de la vivienda. Aquellos que promulgan un “cambio cultural” no hacen otra cosa que construir un individuo careciente a quien se lo responsabiliza por su condición, sin reconocer que la pobreza es producto de una dinámica social y económica general que el Estado tiene la obligación de gobernar. La visión que promueve un “cambio cultural” parece ignorar los esfuerzos masivos que hacen los sectores populares en el eterno y paulatino mejoramiento que implica la autoconstrucción de viviendas en los barrios informales. Parece ignorar también que su esfuerzo es proporcionalmente mayor que el de otros sectores y que el apoyo del Estado es todavía insuficiente. 

Debemos abordar la problemática desde una perspectiva de los derechos, apuntando hacia soluciones que desmercantilicen de forma relativa el acceso a la vivienda para aquellos que han quedado imposibilitados de acceder al mercado inmobiliario formal. No hablamos de regalar casas, como algunos podrían sugerir para deslegitimar esta perspectiva, sino que se trata de crear estructuras y condiciones que posibiliten y garanticen el acceso a la vivienda definitiva y digna.
 

Es necesario, además, reconocer el derecho a la vivienda en el marco del “derecho a la ciudad”. En el contexto de la vida urbana, este derecho no sólo apunta a que todos los habitantes urbanos accedan a una vida digna, sino que también implica la posibilidad de acceder al abanico de servicios que hacen posible la inclusión social y material a la ciudad, incluyendo el transporte público, redes de agua, cloacas y gas, y el acceso a espacios públicos. Esta visión plantea la brecha urbana y la desigualdad como un problema fundamental, muestra el carácter interdependiente de los derechos y nos permite abordar el problema habitacional no solo como una cuestión vinculada a la vivienda sino principalmente al hábitat. Trabajar sobre estos aspectos significaría empezar a responder a los problemas de segregación territorial, inequidad masiva y exclusión de oportunidades que enfrentan diariamente los sectores populares en la RMBA.